Instituto de la Mujer: ¿In memoriam?
El organismo que durante 30 años ha actuado como un vector de cambio, promoviendo leyes y servicios en favor de la igualdad de las mujeres, está en peligro; sería un error desmantelarlo o desvirtuar su función
Cuando en una tempestad como la que estamos viviendo aumenta el desempleo, se cierran quirófanos o hay colegios sin calefacción, puede parecer una minucia o hasta una provocación a los dioses de la austeridad reivindicar la labor de un pequeño organismo de la Administración Central del Estado que el año que viene cumpliría 30 años si sobreviviera a la debacle: el Instituto de la Mujer.
El Instituto sustituyó a la antigua Subdirección de la Condición Femenina y fue creado por Ley en 1983 como un Organismo Autónomo en el Ministerio de Cultura. Su primera directora fue Carlota Bustelo y la última Teresa Blat. La dirección del Instituto de la Mujer, que actualmente depende del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha sido recientemente suprimida y se ignora si el Instituto se verá reducido a la categoría que tenía hace 30 años, si se utilizará para otros fines o si, simplemente, desaparecerá.
Las funciones del Instituto, recogidas en la ley que lo creó, son promover las condiciones que hagan posible la igualdad entre hombres y mujeres y fomentar la participación de las mujeres en la vida económica, política, social y cultural de nuestro país. Y a eso es a lo que se ha dedicado durante tres decenios, desde que aquel primer equipo de mujeres, convencidas y peleonas, abrieron el Instituto en la calle Almagro de Madrid y empezaron a recopilar las estadísticas dispersas, a desagregar por sexo los datos del mercado laboral, del analfabetismo; a analizar la mortalidad y la natalidad, el uso de anticonceptivos o la escolarización de las mujeres.
Con todos los datos disponibles negro sobre blanco y encuadernados en un inmenso volumen de tapas amarillas, Natalia Rodríguez Salmones y su equipo del Instituto nos regalaron la primera foto, la primera radiografía, el primer diagnóstico de la situación de las mujeres españolas en el empleo, en la educación, en la familia. Aquel libro ladrillo mostraba nuestra diferencia con las demás mujeres europeas, el atraso y la brecha que había que superar.
Este trabajo de documentación y de investigación ha sido una constante en la actuación del Instituto. En colaboración con la Administración, con la Universidad o con la Unión Europea se han ido iluminando aspectos desconocidos o no abordados de la realidad de las mujeres españolas. Las series estadísticas de la publicación “Mujeres en Cifras” han permitido monitorizar los cambios, y sobre todo han sido la base para el establecimiento de actuaciones y políticas, en su mayoría estructuradas a través de los planes de igualdad.
Hace unos días y en estas mismas páginas, Santos Juliá reconocía el desdoblamiento del masculino genérico para adaptar el lenguaje a la realidad, ya que la transformación de la situación de la mujer “es la más profunda revolución experimentada por la sociedad desde la guerra contra los franceses”. Al margen de que sea muy de agradecer esa defensa de la actualización de la lengua, y de que los retrocesos, como en todo, sean siempre posibles, la verdad es que a principios de los 80 acabábamos de salir de una dictadura en la que las mujeres tuvieron consideración de seres dependientes de los hombres, legal y económicamente, y una misión prioritaria de crianza y trabajo en el hogar familiar. Las mujeres necesitaban permiso del marido para contratar, vender, abrir una cuenta en el banco o sacarse el carné de conducir. Desde el derecho de familia al ámbito penal, pasando por la legislación laboral, las leyes ejercían un control social sobre las mujeres, con represión específica de género respecto a los hombres. Pueden parecernos injustas las leyes que sufren las mujeres en otros países, pero las nuestras no eran mucho mejores. Basta recordar los tipos penales del adulterio y el amancebamiento.
Con ese tenebroso pasado a la espalda, que naturalmente no estaba solo en las leyes, sino que impregnaba la vida cotidiana, la educación, los prejuicios…había sin embargo un camino claro: Europa. España quería entrar en Europa y además en 1984 habíamos firmado la Convención de Naciones Unidas contra todas las formas de discriminación contra la mujer. El Gobierno tenía que hacer un informe y los distintos Ministerios debían implicarse. Además, ese mismo año la Comunidad Europea reconoció que aparte de leyes había que hacer algo para compensar los efectos negativos de las actitudes sociales dominantes sobre las mujeres. Algo que siguen diciendo, por ejemplo la Comisaria Viviane Reding y el Parlamento Europeo sobre las cuotas. Si esperamos sentadas a que las mujeres participen en las decisiones empresariales no lo verán ni nuestros ojos, ni los de nuestras biznietas.
Hay que hacer políticas de igualdad desde organismos que se ocupen de ello y con implicación del conjunto del Gobierno y de los agentes sociales. Esa idea es la base de los programas de acción europeos para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. España se incorporó al segundo programa con el Primer Plan de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres (1988-1990). Fue una estrategia que también se fortaleció en la Conferencia de Naciones Unidas de Beijín, presidiendo España la delegación europea. Desde entonces el Instituto de la Mujer ha desarrollado cinco planes de actuación, el último de los cuales terminó en 2011. ¿Habrá más planes de Igualdad?
Unas de las actividades del Instituto de la Mujer desde el principio fue sensibilizar a la sociedad, buscar que se hiciera visible la violencia contra las mujeres, con una primera campaña contra el maltrato que decía “Defiende tu dignidad. Mujer, no llores, habla”. Ahora sabemos lo que es la violencia de género, aunque no hayamos conseguido erradicarla. Pero el primer paso para combatir algo es reconocerlo.
El Instituto, en cierta forma, ha sido un pepito grillo de los diferentes gobiernos. En buena parte porque las asociaciones de mujeres y el feminismo lo demandaban. El Instituto de la Mujer ha sido un organismo muy relacionado con las organizaciones de mujeres, que han actuado como palancas de cambio en la proposición normativa y en la prestación de servicios. Otro aspecto fundamental en la labor del organismo, además del desarrollo de metodología para la igualdad en diferentes políticas públicas y los pilotajes en formación, ha sido el apoyo, a través de convenios, a la creación de servicios de atención a las mujeres más desfavorecidas y el desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades a nivel autonómico y local. Una red de atención y de prestación de servicios, por ejemplo para madres y menores maltratados, que pueden ser suprimidos o disminuidos por causa de la crisis.
El Instituto de la Mujer empezó su andadura con 600 millones de pesetas y en 2011 tenía un presupuesto de aproximadamente 20 millones de euros, con la particularidad de que gestiona los recursos del Fondo Social Europeo para Igualdad. A lo largo de su dilatada vida ha tenido varios encontronazos con lo que podríamos llamar otras fuerzas vivas, incluyendo la Iglesia, por campañas como la del “Póntelo, pónselo”, en un momento en el que el sida hacía estragos en España y el Ministerio de Sanidad quería fomentar el uso del preservativo para disminuir el contagio y los embarazos en adolescentes. Pero siempre ha imperado la idea de colaboración transversal con gobiernos e instituciones. Los programas de colaboración con empresas para reconocer y difundir buenas prácticas, que algunas empresas desarrollan desde la racionalidad empresarial, son un buen ejemplo de este trabajo, al igual que los programas de difusión de nuevas tecnologías entre mujeres, de un indudable interés.
El Instituto de la Mujer en 2004 se vinculó a la Secretaría General de Políticas de Igualdad y llegó a integrarse en un Ministerio de Igualdad para pasar a depender del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en el año 2010. Durante los años de gobiernos socialistas se aprobaron leyes tan importantes como la de Igualdad, contra la Violencia de género, la Ley de Dependencia o la de Salud Sexual y Reproductiva. Esta última ahora se quiere reformar a pesar de que es similar a las que existen mayoritariamente en Europa, no aumenta el número de abortos y proporciona seguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales sanitarios. El Instituto de la Mujer colaboró, informó y siguió la aplicación de estas leyes, actuando siempre en cumplimiento de sus funciones de promover la Igualdad de Oportunidades.
La Unión Europea ha creado un Instituto Europeo de Igualdad de Género, entre otras cosas para seguir las políticas de los Estados miembros en este tema. Es verdad que España ha avanzado mucho en los últimos años, pero hay gravísimos problemas que empeoran con la crisis: la desigualdad en la participación en la economía y el empleo, incluyendo la salarial, las cifras de violencia y la pobreza o la exclusión social, que se ensañan más con las mujeres. El Instituto de la Mujer no es un organismo crecido al calor de la burbuja inmobiliaria. Nació con la democracia y muchas mujeres lucharon por que existiera. Sería un error que desapareciera o se desvirtuara. Pero en estos tiempos pegajosos, todo es ideología vestida de austeridad. O austeridad vestida de ideología.
Firman este artículo las directoras del Instituto de la Mujer Carlota Bustelo (de 1983 a 1988); Carmen Martínez Ten (de 1988 a 1991); Marina Subirats (de 1993 a 1996); Rosa Peris (de 2004 a 2009); Laura Seara (de 2009 a 2011) y Teresa Blat (de 2011 a 2012) además de Pilar Toboso, Francisca Sauquillo, Margarita Sáenz-Diez, Amparo Rubiales, Carmen Rodríguez, Ana Pérez Tórtola, Pilar Pérez-Fuentes, Lourdes Muñoz, Arantxa Mendizábal, Pilar Escario, Rosa Escapa, Patrocinio de las Heras, Azucena Criado, Maite Costa, Elvira Cortajarena, Cecilia Castaño, Delia Blanco, Sara Berbel, Elena Arnedo, Duca Aranguren, Carmen Alborch e Inés Alberdi.
http://elpais.com/elpais/2012/04/11/opinion/1334158106_912440.html