(Nairobi) – Miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados han violado, golpeado y cometido diversos abusos contra los somalíes desplazados que llegan a la capital de Somalia [2]huyendo de la hambruna y los conflictos armados que sufre el país desde 2011, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El nuevo gobierno somalí debe mejorar urgentemente la protección y la seguridad de la población interna de desplazados en Mogadiscio.

El informe de 80 páginas, “Hostages of the Gatekeepers: Abuses against Internally Displaced in Mogadishu, Somalia” (“Rehenes de los guardianes: Abusos contra los desplazados internos en Mogadiscio, Somalia”), detalla graves violaciones, incluyendo ataques físicos, restricciones a la circulación y el acceso a la alimentación y la vivienda, así como discriminación contra ciertos clanes desplazados en Mogadiscio desde el momento álgido de la hambruna que inició a mediados de 2011 hasta 2012. Las entrevistas con 70 personas desplazadas documentaron las practicas abusivas en que representantes de las fuerzas del gobierno, milicias afiliadas y grupos privados (en particular los administradores de los campamentos conocidos como los “guardianes”), asedian a la comunidad vulnerable.

“En lugar de encontrar un refugio que los protegiera de los combates y el hambre, muchos somalíes desplazados que llegaron a Mogadiscio encontraron hostilidad y abuso”, dijo Leslie Lefkow [3], subdirectora de África. “El nuevo Gobierno somalí debe remediar rápidamente los fracasos del gobierno anterior, mejorar la protección de las personas desplazadas y asegurar que los miembros de las fuerzas armadas y demás personas responsables de los abusos rindan cuentas”.

Somalia está emergiendo lentamente de dos décadas de conflicto. En 2011, la combinación de conflictos armados entre los que enfrenta al Gobierno Federal de Transición de Somalia y las fuerzas de la Misión de la Unión Africana (AMISOM por sus siglas en inglés) contra el grupo armado islamista al-Shabaab, la sequía implacable y la obstrucción al acceso civil a la asistencia humanitaria provocó una hambruna devastadora. Decenas de miles de personas huyeron desde la región centro-sur de Somalia a Mogadiscio, donde ahora muchos están viviendo en campamentos.

La violación y el abuso sexual de mujeres y niñas desplazadas, incluso por soldados del gobierno y miembros de las milicias,  son parte de los graves problemas que imperan en el entorno desprotegido de los campamentos. Muchas de las víctimas de violencia sexual no denuncian los abusos que sufrieron a las autoridades por temor a represalias de sus agresores, la preocupación por el estigma social y la falta de confianza en el sistema judicial. El padre de una joven que fue presuntamente violada por cuatro soldados dijo a Human Rights Watch: “No intentamos acudir a la justicia porque, en el momento en que violaron a mi hija, el comandante nos estaba acosando. Entonces, ¿cómo puedo confiar en alguien aquí? Debemos guardar silencio”.

Human Rights Watch encontró que los guardianes y las milicias que controlan los campamentos también han desviado y robado alimentos destinados a la población hambrienta que residen en los campamentos. Un residente del campamento de 30 años describió la grave situación de su familia: “No hay nada peor que la situación en la que nos encontramos. Ahora lo único que queremos es conseguir un coche y regresar a nuestros pueblos, porque si puedo morir aquí de hambre, más me vale morir en mi pueblo, porque la muerte es la muerte”.

En ocasiones, los guardianes impidieron la salida de los residentes de los campamentos con el fin de atraer mayores contribuciones de las organizaciones humanitarias, que después confiscaban para su propio beneficio. Una mujer relató a Human Rights Watch: “Si tratamos de alejarnos del campamento, ella [la guardiana] nos quita las tiendas de campaña. No tenemos una cubierta de plástico, no tenemos otro refugio y no tenemos un lugar donde dormir. Así que hasta que nos rescaten debemos permanecer allí como rehenes”.

Las comunidades de las regiones más afectadas por el hambre, Rahanweyn y Bantú, han sido particularmente vulnerables a los abusos, señaló Human Rights Watch. Guardianes y miembros de grupos armados, entre ellos milicias afiliadas al gobierno, los tratan como ciudadanos de segunda clase, los golpean e insultan y los reprimen.

El Gobierno Federal de Transición fue fundamentalmente responsable de la falta de protección de los desplazados y de no llevar a los responsables de los abusos frente a la justicia, pero los gobiernos donantes que trabajan con Somalia no hicieron de estas cuestiones una prioridad. Los donantes internacionales, incluidos los organismos humanitarios deben garantizar una mayor responsabilidad al momento de ofrecer asistencia.

“El nuevo gobierno debe cerrar el capítulo de las fallas del gobierno de transición y proporcionar una protección responsable a los desplazados, ya que forman parte de los ciudadanos más vulnerables de Somalia”, recomendó Lefkow. “Los donantes deben insistir en que la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad por los abusos cometidos contra las personas desplazadas, dicha acción, es clave para mejorar la seguridad y el Estado de derecho en Mogadiscio”.

El nuevo gobierno somalí que sustituyó al Gobierno Federal de Transición en agosto de 2012, después de un proceso electoral patrocinado por las Naciones Unidas, anunció su intención de reubicar en 2013 a las decenas de miles de personas desplazadas en la capital. El gobierno debe garantizar, de conformidad con el derecho internacional, que los traslados sean voluntarios, que se lleven a cabo de forma segura, con dignidad y que las fuerzas policiales competentes puedan garantizar la seguridad en los lugares de reasentamiento.

Las organizaciones humanitarias estiman que existen entre 180.000 y 370.000 desplazados en Mogadiscio, pero los datos exactos no están disponibles debido a que estas personas nunca se registraron oficialmente. La falta de información acerca de la comunidad de desplazados resalta la necesidad de que el gobierno, la ONU y las agencias de ayuda humanitaria lleven a cabo un ejercicio de evaluación para determinar las necesidades de estas personas. Este esfuerzo debería identificar a las personas más vulnerables – como, por ejemplo, hogares encabezados por mujeres, niños no acompañados, ancianos y discapacitados – antes de que se lleve a cabo cualquier plan de reubicación y reasentamiento.

Hasta ahora, la respuesta del gobierno a las cuestiones fundamentales que afectan a los desplazados ha sido mixta. A pesar de que altos funcionarios del gobierno, incluso el presidente Hassan Sheikh Mohamud, han hecho encomiables compromisos públicos para hacer frente a los abusos, incluidas las violaciones por las fuerzas gubernamentales, estos compromisos aún no se traducen en acciones concretas. La acusación penal en las últimas semanas de una mujer desplazada –que alegó  haber sido violada por soldados del gobierno – y del periodista que la entrevistó envió un mensaje preocupante.

El objetivo público que emitió el gobierno de completar la reubicación de las personas desplazadas para el 20 de agosto, fecha en que se celebra el primer aniversario del fin del gobierno de transición, sin contemplar los tremendos desafíos que representa la prestación de asistencia y protección en los nuevos lugares de reasentamiento, expondrá a los desplazados a un mayor riesgo de abuso y negligencia.

“El gobierno afronta enormes desafíos, aunque parece decidido a abordar la difícil situación de los desplazados en Mogadiscio”, dijo Lefkow. “Pero si los derechos, las necesidades y los deseos de los propios desplazados no son tomados en consideración, entonces, es probable que enfrenten aún más sufrimiento y abusos”.

Marzo 26, 2013