Red Estatal de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género

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Nueve organizaciones de mujeres de larga trayectoria en el campo feminista han constituido una red estatal para combatir con más eficacia la violencia de género. Sus integrantes han esgrimido dos razones: por un lado consideran insuficientes las medidas adoptadas por el Gobierno y claramente tibia su aplicación por parte de los jueces; por otro, estiman que esta violencia es equiparable al terrorismo que debe ser abordado con visión de Estado. ‘En los últimos cinco años ha habido 400 víctimas, lo que convierte a esta violencia en terrorismo de género’, afirmó Ana María Pérez del Campo, presidenta de Mujeres Separadas y Divorciadas, una de las organizaciones integrantes de la red. Tina Alarcón, presidenta de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales, subrayó que las edades de agresores y de víctimas se han reducido, lo que, en principio, no avala la esperanza de que las nuevas generaciones modifiquen patrones de conducta. Según un estudio, ‘el 36% de las denuncias de agresiones sexuales son menores’, añadió Alarcón. En la misma línea, la Fundación Mujeres ha impulsado un estudio entre adolescentes para conocer la dimensión del problema. ‘Estamos viendo adolescentes que se sienten agredidas por sus compañeros y que no saben cómo afrontar estos comportamientos’.

La red se propone crear un banco de datos de todas las víctimas del maltrato doméstico y la violencia sexual, para aglutinar casos y denuncias. Las firmantes denunciaron la tergiversación de las cifras oficiales sobre fallecidas, al no contabilizar las asesinadas fuera del vínculo matrimonial o las víctimas de los llamados crímenes pasionales. Pérez del Campo recordó también a las mujeres que quedan incapacitadas como consecuencia del maltrato, o que adoptan tendencias suicidas. Paloma Rey, de Themis, defendió la necesidad de que los poderes públicos aprueben una ley integral contra la violencia de género que evite el peregrinaje de la víctima por las oficinas judiciales, a fin de que un mismo juzgado apruebe las medidas preventivas y se encargue de todas las variantes del proceso, incluida la separación.

Pidió que se incrementen las penas cuando las agresiones sexuales se produzcan en el ámbito doméstico, justamente donde la mujer se siente más vulnerable, lo que desactiva su capacidad de denuncia. La red está abierta a otros colectivos y su objetivo es presentarse ante la Administración como una sola voz. ‘Necesitamos aunar fuerzas y la creación de redes y lobbies es habitual en Europa’, declaró Enriqueta Chicano, presidenta de Mujeres Progresistas, otra de las organizaciones firmantes junto con Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales, Mujeres Juristas (Themis), Enclave Feminista, Comisión para la Investigación de Malos Tratos, Mujeres Vecinales de España, Asociación de Medios de Comunicación y Fundación Mujeres.