El sistema indio para combatir el abuso sexual infantil es inadecuado porque los mecanismos del gobierno no garantizan la protección de los niños. Los niños que tienen la valentía de denunciar el abuso sexual muchas veces son desdeñados o ignorados por la policía, el personal médico y otras autoridades.
(Nueva Delhi)—El gobierno indio debe mejorar la protección de los menores contra el abuso sexual como parte de los esfuerzos más amplios de reforma, después de la violación y asesinato de una estudiante en Nueva Delhi en diciembre de 2012.
El abuso sexual infantil es alarmantemente común en los hogares, escuelas y centros de cuidado residencial en India. Un comité designado por el gobierno con el fin de recomendar reformas legales y políticas tras el ataque de la joven en Nueva Delhi concluyó que los sistemas de protección infantil “claramente fracasaron en lograr su objetivo.”
El informe de 82 páginas, “Rompiendo el silencio: El abuso sexual infantil en India,” examina cómo las respuestas gubernamentales actuales se están quedando cortas, tanto en proteger a los niños del abuso sexual como en el tratamiento que proveen a las víctimas. De hecho, muchos niños son maltratados por segunda vez por traumáticos exámenes médicos, y por la policía y otras autoridades que no quieren escuchar o creer sus denuncias. Los esfuerzos del gobierno para hacer frente al problema, incluyendo una nueva legislación para proteger a los niños contra el abuso sexual, también fracasará a menos que los mecanismos de protección se apliquen correctamente y el sistema de justicia sea reformado para asegurar que el abuso es reportado y procesado completamente, advirtió Human Rights Watch.
“El sistema indio para combatir el abuso sexual infantil es inadecuado porque los mecanismos del gobierno no garantizan la protección de los niños”, dijo Meenakshi Ganguly, directora para Asia Meridional de Human Rights Watch. “Los niños que tienen la valentía de denunciar el abuso sexual muchas veces son desdeñados o ignorados por la policía, el personal médico y otras autoridades.”
El informe utiliza estudios de casos detallados en lugar de un análisis cuantitativo para examinar los mecanismos gubernamentales a fin de prevenir y responder al abuso sexual infantil. Human Rights Watch llevó a cabo más de 100 entrevistas con víctimas de abuso sexual infantil y sus familiares, funcionarios gubernamentales dedicados a la protección de menores, así como expertos independientes, agentes de la policía, médicos, trabajadores sociales y abogados que han manejado casos de abuso sexual infantil.
Enfrentar el abuso sexual infantil es un reto en todo el mundo, pero en India las deficiencias en las respuestas del Estado y de la comunidad agravan el problema, señaló Human Rights Watch. El sistema de justicia penal, desde el momento en que la policía recibe una denuncia hasta el momento en que se completan los juicios, necesita una reforma urgente. Agentes de la policía mal capacitados a menudo se niegan a registrar las denuncias. En su lugar, maltratan a la víctima y la humillan.
Médicos y autoridades dijeron que la falta de directrices y capacitación para un tratamiento clínico sensible así como el examen de las víctimas de abuso sexual infantil contribuyen al trauma. En cuatro de los casos documentados por Human Rights Watch, los médicos utilizaron la “prueba del dedo” como parte de la exploración de las niñas violadas, aunque los expertos forenses aseguran que la prueba carece de valor científico y un comité gubernamental de alto nivel ha hecho un llamamiento para que sea abolida.
“Es ya bastante difícil que un menor abusado sexualmente o sus familiares denuncien el caso o pidan ayuda y en lugar de tratar esos casos con sensibilidad, las autoridades indias a menudo degradan y vuelven a traumatizar a las víctimas,” dijo Ganguly. “El fracaso en implementar reformas necesarias para sensibilizar a los oficiales y ofrecer más apoyo a las víctimas ha provocado que las comisarías policiales sean lugares que inspiran temor.”
El abuso sexual de menores en orfanatos y otros centros de atención para niños en riesgo es un problema particularmente grave, afirmó Human Rights Watch. Los mecanismos de inspección son inadecuados en la mayor parte del país. Muchos centros de gestión privada ni siquiera están registrados. Como consecuencia, el gobierno no tiene un registro de todos los orfanatos u otras instituciones que operan en el país, ni una lista de los niños a los que acogen. Los abusos ocurren incluso en las instituciones supuestamente bien administradas y respetadas debido a un pobre monitoreo.
Una comisión encabezada por el juez J.S. Verma y fundada por el gobierno en diciembre de 2012 a raíz del ataque en Nueva Delhi, formuló varias recomendaciones para hacer frente a los ataques sexuales y expresó especial preocupación por la situación de los niños en instituciones de atención residencial. En lugar de facilitar la investigación de las denuncias de abuso sexual infantil, los gerentes de las instalaciones se limitan a denegar y desestimar las quejas. Tras investigar las denuncias de abuso en un centro de ese tipo, Vinod Tikoo, de la Comisión Nacional para la Protección de los Derechos del Niño, dijo que descubrió una situación muy grave. “No se trata de negligencia. Se trata de una falla sistémica,” declaró a Human Rights Watch.
“Sorprendentemente, las mismas instituciones que deberían proteger a los niños vulnerables pueden exponerlos a sufrir terribles abusos sexuales”, señaló Ganguly. “Los gobiernos estatales deberían implementar inmediatamente un sistema más eficaz para registrar y controlar rigurosamente las instituciones de cuidado infantil gubernamentales, privadas y religiosas.”
Human Rights Watch acogió con satisfacción la promulgación de la Ley de Protección de los Niños contra los Delitos Sexuales de 2012. Con la adopción de esta ley, el gobierno de la India dio un paso importante al reconocer e intentar afrontar el abuso sexual generalizado que sufren los niños del país. Según la ley, que por primera vez se implementa en la India, todas las formas de abuso sexual infantil son ahora delitos penales específicos. La ley también establece importantes directrices para la policía y los juzgados para que asistan a las víctimas con sensibilidad y prevé la creación de tribunales especializados para menores.
Sin embargo, el gobierno debe garantizar la correcta aplicación de la ley y otras políticas y leyes pertinentes, a fin de que haya una red que vigile por la seguridad, señaló Human Rights Watch. Esto es especialmente importante porque los niños son a menudo abusados sexualmente por personas que conocen y que consideran como figuras de autoridad, como familiares mayores, vecinos, personal escolar, o el personal y los niños mayores en los centros de atención residencial para huérfanos y otros niños en riesgo. La implementación de las medidas existentes para mejorar el bienestar de los niños del país, entre ellos el Plan Integrado de Protección del Niño, la Ley de Justicia Juvenil y la creación de comisiones independientes de derechos del niño, sigue siendo un desafío.
El gobierno indio debería proporcionar capacitación y recursos para garantizar que policías, médicos, funcionarios judiciales, el gobierno y los trabajadores sociales del sector privado, incluyendo las autoridades de protección infantil, los administradores de las instituciones de atención residencial y las autoridades escolares, actúen adecuadamente en casos de denuncias de abuso sexual infantil. El gobierno debería tomar medidas inmediatas para hacer frente a la falta de confianza en las instituciones del gobierno, que impide que muchas personas denuncien casos de abuso sexual infantil, y debería obligar a que aquellos que no traten dichos casos con diligencia y sensibilidad a que tengan que rendir cuentas.
India es miembro en los principales tratados internacionales de derechos humanos que protegen a los niños, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Estos tratados imponen una obligación sobre los Estados a todos los niveles de gobierno para que tomen medidas con el objetivo de proteger a los niños contra la violencia sexual y el abuso, y proporcionar un remedio cuando las protecciones fundamentales han sido violadas. El PIDCP no sólo salvaguarda un Estado responsable de proteger a los individuos de las acciones gubernamentales abusivas, también responde de una manera adecuada y eficaz a las violaciones cometidas por actores privados.
“El gobierno de India al más alto nivel reconoce que aún queda mucho por hacer para proteger a los niños del país contra el abuso sexual, pero aún no ha tomado medidas importantes para abordar los problemas de la discriminación, los prejuicios y la insensibilidad absoluta,” dijo Ganguly. “Varios funcionarios nos han señalado que la promulgación de leyes y la provisión de capacitación son pasos importantes, pero a estas reglas deben proceder acciones concretas. Igual de importante, es necesario un cambio de mentalidad donde tanto los agresores como aquellos que los protegen al descuidar sus deberes tengan que rendir cuentas.”
Fuente: HUMAN RIGHT WATCH. www.hrw.org/es