“En Ciudad Juárez sabemos cuándo salimos, no si vamos a volver”

Norma Andrade, de 51 años, mira con desconfianza la acera y se encoge de miedo cuando los camareros pasan cerca de la mesa. Ha sufrido dos ataques en apenas dos meses. El último, hace una semana en la capital de México. Allí vive desde que huyó desde su hogar, Ciudad Juárez, donde le dispararon el 2 de diciembre pasado. Lleva una década recordando que a su hija de 17 años, Lilia Alejandra, la asesinaron presuntos narcotraficantes cuando volvía de trabajar en una fábrica. Y que nadie ha ido a la cárcel por ello. Tras los dos atentados, el Gobierno federal no asume su protección, por lo que el próximo paso para ella, como para otros activistas, es salir de México.

De aquellos tiros de diciembre (le alcanzaron cinco) le queda un brazo en cabestrillo y otro prácticamente inmovilizado. Y un miedo que la paraliza. Cuesta que acepte entrevistas en persona y, una vez en el café, se le nota inquieta. Colgado del cuello lleva un cartel con la imagen de Lilia adolescente y la fecha de su desaparición, el día de San Valentín de 2001. Cuando habla de ella mira la foto. Y cuando la mira se le empañan los ojos. “Cada joven que desaparece es revivirlo”, dice entre sollozos. “En Juárez sabemos cuándo salimos, pero no si vamos a volver”, sintetiza Andrade.

Tras el primera ataque, la madre de Lilia huyó de un día para otro con la ayuda del Gobierno de Chihuahua. Se refugió en la capital de México. Tardó casi 15 días en salir a la calle. Empezó a confiarse, cuenta, hasta el 3 de febrero, cuando un hombre la apuñaló cerca del cuello en la entrada de su casa, cuando volvía de recoger a su nieto en el colegio. Las autoridades, cuenta, lo consideran un simple atraco. Ella está convencida de que forma parte de una campaña en su contra. Lleva 10 años amenazada de muerte, casi el mismo tiempo que ha protestado contra los feminicidios en México. “Yo soy así, no me callo ante las injusticias. Pero ahora me siento como un ratón, enjaulada sin poder salir. El mundo me da miedo”, se lamenta.

Andrade es fundadora de Nuestras hijas de regreso a casa, una red de madres de desaparecidas o muertas —“asesinadas”, corrige— en Ciudad Juárez, una de las ciudades más violentas del mundo. Enumera a sus compañeras de “lucha” y cuenta de varias fallecidas y otras exiliadas. Ella se marchará en cuanto pueda. Como Rosa Isela Pérez, periodista de Juárez exiliada en España; como Marisela Ortiz, en algún lugar del extranjero que prefiere no precisar. “Gana la sensación de tener que abandonar el país como delincuente. De tener que irte en lugar de encontrar la respuesta”, explica Andrade. El Gobierno federal (central) no asume por el momento su protección: tiene que estudiar si está en riesgo real, comenta su abogado David Peña. La resolución tardará unos 15 días. Entre tanto, el Gobierno del Distrito Federal (la capital) se ha hecho cargo de la tarea.

A Andrade le duele salir de México, donde primero perdió a su hija adolescente y a su marido y a su madre después, por enfermedad. Pero en su país no se siente segura. Después del hallazgo del cuerpo de Lilia, una semana después de su desaparición, Andrade empezó a acudir casi todas las tardes a la Procuraduría (Fiscalía). Nadie le daba respuestas. Después fundó Nuestras hijas de regreso a casa y denunció múltiples errores en la investigación. Ella, extrabajadora de maquila y profesora durante 18 años, se armó de vocabulario legal en cursos. Su otra hija, Malú García, se encarga de la asesoría jurídica de la ONG. También tuvo que salir de Juárez, amenazada.

“No me gusta definirme como activista. Soy una madre exigiendo que el asesino de mi hija esté en la cárcel, y que no les pase a otras chicas. Exijo justicia para mi hija, para mis nietos, mi derecho a saber la verdad”, asegura. Antes de la muerte de Lilia vivía “en una burbuja color de rosa”. No veía las noticias y no sentía la violencia de la ciudad, explica, porque es muy grande (1,3 millones de habitantes) y los sucesos a veces ocurren en barrios muy alejados entre sí. “Las que nos convertimos en luchadoras es porque nos sucedió un hecho trágico en la vida, tenemos menos mérito que otros que se han unido a la lucha sin conocer a las víctimas”, señala. Andrade tiene apoyos de activistas y organizaciones para empezar de nuevo en otro país, aunque no puede revelar en cuál. “Somos apenas unas 200 o 300 familias luchando contra un país”, dice indignada. Pronto habrá una menos.

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/10/actualidad/1328905244_530909.html