(Ottawa) – La Policía Montada Canadiense del norte de la provincia de Columbia Británica no protege a mujeres y niñas indígenas frente a hechos de violencia, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. Las mujeres y niñas entrevistadas por Human Rights Watch también relataron haber recibido un trato abusivo por parte de policías, que incluyó uso excesivo de la fuerza y agresiones físicas y sexuales.
El informe de 89 páginas, “Those Who Take Us Away: Abusive Policing and Failures in Protection of Indigenous Women and Girls in Northern British Columbia, Canada” [2] [Víctimas despojadas: Prácticas policiales abusivas y omisiones en la protección de mujeres y niñas indígenas en el norte de la Columbia Británica canadiense], muestra que actualmente la policía no protege a mujeres y niñas indígenas de esta zona del norte frente a hechos de violencia, y documenta además el trato violento que estas sufren a manos de policías. Las omisiones y los abusos en la actuación policial se suman a las tensiones que existen desde hace tiempo entre la Real Policía Montada Canadiense (Royal Canadian Mounted Police, RCMP) y comunidades indígenas de la región, indicó Human Rights Watch. El gobierno canadiense debería conformar una comisión nacional de investigación para esclarecer las muertes y desapariciones de mujeres y niñas indígenas, y las consecuencia del maltrato policial en su vulnerabilidad frente a la violencia en las comunidades establecidas a lo largo de la Carretera 16 del norte de la Columbia Británica, que ahora se conoce como “Carretera de las Lágrimas”.

“La amenaza de violencia doméstica y otros hechos violentos fortuitos por una parte, y el maltrato de oficiales de la RCMP por el otro, sitúa a las mujeres indígenas en un estado de inseguridad permanente”, indicó Meghan Rhoad [3], investigadora sobre derechos de la mujer en Human Rights Watch. “Adónde se supone que deben acudir por ayuda si la policía no responde a sus reclamos y, en algunos casos, actúa incluso de manera abusiva”.

Human Rights Watch efectuó una investigación a lo largo de la Carretera 97 y los 724 kilómetros de la Carretera 16 que, tristemente, han cobrado notoriedad por las decenas de mujeres y niñas que fueron denunciadas como desaparecidas o halladas muertas en las proximidades desde fines de la década de 1960. En julio y agosto de 2012, investigadores de Human Rights Watch entrevistaron a 50 mujeres y niñas indígenas y efectuaron otras 37 entrevistas con familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas, líderes indígenas, proveedores de servicios comunitarios y otros actores en 10 comunidades distintas.

Numerosas mujeres y niñas indígenas dijeron a Human Rights Watch que la RCMP falló en brindado protección. También hicieron referencia a prácticas policiales abusivas, como el uso excesivo de la fuerza contra niñas, registros corporales a mujeres desnudas por agentes de sexo masculino y abusos físicos y sexuales. Una mujer dijo que, en julio, cuatro policías la llevaron hasta un sitio remoto, la violaron y amenazaron con matarla si contaba lo sucedido.

Algunas mujeres que llamaron a la policía para obtener ayuda fueron señaladas como responsables de los abusos sufridos, recriminadas por consumir alcohol u otras sustancias y se han visto expuestas al riesgo de ser arrestadas por haber actuado en defensa propia, según comentaron a Human Rights Watch mujeres y proveedores de servicios comunitarios.

“Nunca olvidaré ese día”, dijo “Lena G.”, madre de una joven de 15 años a quien un policía fracturó el brazo luego de que la madre llamara a la policía pidiendo ayuda, durante un altercado entre su hija y el novio violento de esta. “Es lo peor que he hecho. Ojalá no hubiera llamado”.

A pesar de las políticas que requieren investigar activamente todas las denuncias de personas desaparecidas, algunos familiares y proveedores de servicios que llamaron a la policía para denunciar la desaparición de mujeres o niñas dijeron que no se inició una investigación inmediatamente.

Las mujeres y niñas tienen vías de reclamo limitadas cuando sufren abusos policiales o la policía no brinda protección adecuada, indicó Human Rights Watch. Pueden presentar una denuncia contra la policía ante la Comisión de Denuncia Pública (Commission for Public Complaints). Sin embargo, se trata de un proceso que demora gran cantidad de tiempo, y es muy probable que la investigación de la denuncia recaiga en la misma RCMP u otra fuerza policial.

Los investigadores de Human Rights Watch quedaron impactados ante el temor manifestado por las mujeres entrevistadas. La reacción de estas mujeres era comparable con la observada por Human Rights Watch en países que han atravesado conflictos armados o una transición, donde las fuerzas de seguridad han tenido participación directa en los abusos del gobierno y la aplicación de políticas autoritarias.

En septiembre de 2012, Human Rights Watch escribió a la RCMP para comunicar a la central nacional y la División “E” en la Columbia Británica los resultados de la investigación y solicitar información sobre algunas cuestiones que surgieron durante el proceso. La RCMP emitió su respuesta en noviembre. Human Rights Watch no incluyó datos sobre incidentes concretos de abuso en la carta enviada en septiembre de 2012, debido a que las víctimas temían que hubiera represalias si los policías a quienes acusaron podían identificarlas.

La legislatura de Columbia Británica creó recientemente una Oficina de Investigación Independiente (Independent Investigations Office, IIO) que se encargará de impulsar en el ámbito de la justicia ordinaria “investigaciones penales [independientes] de incidentes de muerte o lesiones graves en los que hayan estado implicados policías”. Sin embargo, la definición que ofrece la ley sobre “lesiones graves” excluiría la mayoría de los casos de violación y otras formas de agresión sexual perpetradas por policías, lo cual envía un mensaje claro de que las agresiones contra mujeres y niñas no se consideran importantes, expresó Human Rights Watch.

“La ausencia de un mecanismo confiable e independiente para investigar denuncias de irregularidades en la conducta policial resulta injusto para todos los implicados”, dijo Rhoad. “Es injusto para los policías que actúan con integridad. Es también injusto para las comunidades del norte que merecen poder confiar en sus fuerzas policiales. Y es particularmente injusto para las mujeres y niñas indígenas cuya seguridad se encuentra en riesgo”.

Varios organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas han criticado al gobierno de Canadá por ofrecer una respuesta inadecuada a los hechos de violencia contra mujeres y niñas indígenas. El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer anunció en diciembre de 2011 que iniciaría una investigación sobre la muerte y desaparición de mujeres indígenas en Canadá. En 2008, el comité instó al gobierno a que “examine los motivos por los que no se han investigado los casos de mujeres aborígenes desaparecidas o asesinadas y adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias del sistema”.

El gobierno de Canadá ha adoptado algunas medidas en respuesta a los casos de homicidios y desapariciones, indicó Human Rights Watch, pero la persistencia de la violencia demuestra la necesidad de contar con una comisión pública nacional de investigación.

“Los altos índices de violencia contra mujeres y niñas indígenas ha sido motivo de profunda preocupación durante muchos años”, señaló Rhoad. “La mirada internacional está puesta en Canadá, y queda por ver cuántas víctimas más se cobrará la violencia antes de que el gobierno tome medidas para abordar este tema de manera integral y coordinada”.

Recomendaciones adicionales

• El gobierno de Canadá debería formular e implementar un plan de acción nacional en colaboración con comunidades indígenas para abordar la violencia contra mujeres y niñas aborígenes, tomando en cuenta la discriminación que ha existido históricamente, y aún hoy se manifiesta, y las desigualdades económicas y sociales que incrementan su vulnerabilidad a la violencia, además de la necesidad de que los organismos gubernamentales encargados de prevenir y responder a hechos de violencia rindan cuentas por su actuación;
• El gobierno de la provincia de Columbia Británica debería ampliar las atribuciones de la Oficina de Investigación Independiente e incluir la potestad de investigar denuncias de agresiones sexuales perpetradas por policías;
• La RCMP, en colaboración con comunidades indígenas, debería ampliar la capacitación y el control de la formación que reciben los policías destinada a erradicar actitudes racistas y sexistas en el trato con mujeres y niñas indígenas bajo su custodia, y mejorar la respuesta policial ante hechos de violencia contra mujeres y niñas de comunidades indígenas; y
• La RCMP debería poner fin a la intervención de policías de sexo masculino en todos los cacheos y operativos de control dirigidos a mujeres y niñas, salvo en circunstancias extraordinarias, y exigir que se documenten todas las requisas y estas sean evaluadas por supervisores y jefes policiales. Debería prohibir, en todos los casos, que agentes de sexo opuesto efectúen cacheos que requieran que la persona se desnude.

Testimonios sobre abusos policiales

“Me siento sucia… Amenazaron que si contaba a alguien lo sucedido me llevarían a las montañas para matarme, y harían que parezca un accidente”. – Gabriella P. (seudónimo), quien contó a Human Rights Watch que en julio de 2012 cuatro policías la llevaron hasta un sitio remoto y la violaron. Dijo que, anteriormente, ya había sido violada por policías en circunstancias similares.

“‘Estas son las opciones que tienes: o te acusamos de agredir a un policía, o te aguantas la golpiza’ [dijo una oficial del grupo de policías]. Y yo, como tonta, dije: ‘Me la aguanto’. Entonces me agarró, me arrojó contra la pared y me golpeé la cabeza. Luego me lanzó al piso. Mientras un agente me clavaba la rodilla en la espalda, la mujer policía me arrancó los aros de las orejas y los sujetadores del cabello. ‘¿Ya has tenido suficiente?’ ‘Sí, ya tuve suficiente. Lo lamento’”. – Anna T. (seudónimo), quien escupió a un policía cuando estaba siendo detenida.

“Hace cerca de dos años hubo una mujer que decidió denunciar [una agresión sexual] a la RCMP, algo muy poco común. He trabajado con numerosas mujeres que han sido agredidas sexualmente y son muy pocas las que deciden presentar cargos. Le hicieron sentir que ella había sido la culpable… Tenemos un sistema de autoridad que traslada la culpa la víctima”. – Proveedor de servicios comunitarios en el norte de la Columbia Británica