54 mujeres deberían estar aquí

Son 54 vidas menos. Las que la violencia machista ha arrebatado este año, mujeres muertas a manos del hombre que dijo amarlas. Una sangría continua: la ley no acaba con el delito. Seis años después de la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, se mantienen problemas como la falta de denuncia que impide amparar a las víctimas -tres de cada cuatro fallecidas no la presentaron-. También persisten fallos en la protección de quienes sí dieron el paso -cinco agresores quebrantaron el alejamiento sin consentimiento de la víctima-. Junto a ello, algunas decisiones judiciales polémicas, contrarias al espíritu de la norma. “Aunque excepcionales, son dañinas para las víctimas y para la sociedad”, afirma la fiscal de sala de Violencia, Soledad Cazorla.

Los números fríos: 54 fallecidas, de las que 14 habían presentado denuncia -pero una la retiró-. ¿Por qué solo una de cada cuatro había alertado de su situación? “Quizá por presiones, por dependencia económica o emocional, por miedo, por no confiar en la administración de justicia…”, enumera la presidenta del Observatorio contra la Violencia del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán. “Existe una bolsa oculta de maltrato que no acaba de emerger”, plantea. Una bolsa que ahoga vidas aunque más de 130.000 mujeres denuncien cada año, según el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

De 14 fallecidas tras haber denunciado, nueve pidieron y consiguieron orden de protección, ese paraguas de medidas cautelares que suele incluir el alejamiento del agresor. Al llegarles la muerte, siete tenían las órdenes en vigor: dos se acercaron voluntariamente al agresor, mientras que en cinco casos fue él quien quebrantó la orden. “Necesitamos más efectivos policiales para asegurar que los alejamientos se cumplen”, analiza Montalbán. “De los casos que he revisado de este año, en ninguno he visto fallos de protección”, contrapone la fiscal de sala. “Los agresores juegan con el factor sorpresa, y eso no se puede evitar”, añade.

“Hay casi 2.000 efectivos policiales especializados. Protegen a 95.000 mujeres”, detalla la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Laura Seara. Un elemento de protección como las pulseras -alertan de que el agresor incumple el alejamiento- se emplea poco. De las 3.000 puestas a disposición de los jueces -quienes deciden si se implanta o no- solo 746 están en uso, señala Seara. La aplicación de la ley integral tiene este año un presupuesto de 384 millones de euros. De esa partida no se ha recortado, matiza. Unos 5.000 hombres están presos por violencia de género.

¿Qué hacer a partir de ahora? Cazorla pone el acento en la necesidad de que los servicios sanitarios, obligados a comunicar las agresiones machistas que detecten, den otro paso más: “Les pido que den cuenta a la fiscalía de los casos en los que existan sospechas fundadas, aunque no haya parte de lesiones”. De esa forma, los fiscales podrían iniciar diligencias preprocesales y obrar en consecuencia. Seara asegura que la proporción de denuncias que surgen del entorno sanitario, vía parte de lesiones, han subido al 11,3% en el primer semestre del año. También lo han hecho las presentadas por las personas próximas a la víctima, el 16% en ese periodo.

Con la denuncia sobre la mesa, ni todas las mujeres piden protección ni todas las solicitantes la consiguen: los jueces descartan una de cada tres peticiones. “¿Por qué son tan cicateros, si son medidas provisionales?”, critica Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. Pero su principal crítica es sobre “la aplicación de la ley”. “Hay jueces que la interpretan con un sentido contrario a su espíritu y muchos tratan a las víctimas como si fueran los imputados”, añade. Se refiere a casos como la Audiencia de Murcia, que ha anulado numerosas condenas con el argumento de que no toda agresión de un hombre a su esposa o compañera “debe ser castigada mecánicamente como violencia de género”.

“Hay sentencias que me han avergonzado, pero son las menos”, asegura Seara. “La generalidad de los jueces actúa conforme al espíritu de la ley”, defiende Montalbán. Las diferencias de criterio, que dañan la seguridad jurídica, “debe resolverlas el Tribunal Supremo o el legislador”, apunta la presidenta del Observatorio. Y a ser posible, “cuanto antes”.

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