(Vancouver, 14 de febrero de 2013) – Los comentarios del primer ministro Stephen Harper y la Policía Montada de Canadá (RMCP, por sus siglas en inglés), el 14 de febrero de 2013, no enfrentan la raíz del problema: la falta de seguridad que impide que las mujeres y las niñas indígenas denuncien los abusos de la policía, dijo Human Rights Watch hoy.
El primer ministro Stephen Harper dijo a la Cámara de los Comunes que Human Rights Watch y otros deberían limitarse a “empezar y hacerlo”: es decir, proporcionar información detallada a la policía para que pueda investigar las denuncias de maltrato policial descritas en un informe de Human Rights Watch sobre el maltrato policial que sufrieron mujeres y niñas indígenas al norte de Columbia Británica. Su comentario hace caso omiso a la reveladora falta de rendición de cuentas por mala conducta policial y el miedo a las represalias de la policía lo que impide que mujeres y niñas indígenas denuncien incidentes de maltrato, señaló Human Rights Watch.
“Human Rights Watch respalda a las víctimas que nos solicitaron no proporcionar información que identifiquen sus denuncias de maltrato policial porque temen represalias”, dijo Meghan Rhoad, investigadora de los derechos de las mujeres para Human Rights Watch. “Si el gobierno se compromete a una supervisión policial responsable, debería abordar las fallas en el sistema policial que dejan a las mujeres y las niñas indígenas en una situación en la que sienten que no tienen dónde acudir para conseguir una investigación segura y eficaz de sus denuncias”.
En un informe de 89 páginas, “Those Who Take Us Away: Abusive Policing and Failures in Protection of Indigenous Women and Girls in Northern British Columbia, Canada”[Víctimas despojadas: Prácticas policiales abusivas y omisiones en la protección de mujeres y niñas indígenas en el norte de la Columbia Británica canadiense], Human Rights Watch documentó tanto las continuas fallas de la policía a la hora de proteger a las mujeres y las niñas indígenas de la violencia, como el comportamiento violento por parte de los agentes de la policía contra las mujeres y las niñas indígenas del norte. Las fallas y los abusos policiales agravan las tensiones que existen desde hace tiempo entre la Policía Montada Canadiense y las comunidades indígenas de la región, indicó Human Rights Watch.
Antes de la publicación del informe, la oficina del primer ministro rechazó una solicitud para una reunión con Human Rights Watch. Tres ministros pertinentes tampoco pudieron responder a las solicitudes de Human Rights Watch para una entrevista. Human Rights Watch se reunió con la RCMP antes de la publicación del informe y tiene previsto reunirse con la División “E” de la Policía, el 15 de febrero. Una revisión general de las cuestiones planteadas por la investigación en el norte de Columbia Británica fue entregada a la Policía Montada en septiembre de 2012.
Los ejecutores del informe se reunieron con la Oficina de Investigaciones Independientes (IIO, por sus siglas en inglés) en Columbia Británica el 14 de febrero. La oficina, que comenzó a operar en septiembre, ofrece averiguaciones civiles independientes de denuncias graves de abusos policiales que involucran la muerte o determinadas lesiones corporales serias. Sin embargo, la violación y el abuso sexual están excluidos de su jurisdicción: una omisión inaceptable y discriminatoria por parte de la legislatura de la provincia, señaló Human Rights Watch.
“Nos gustaría poder compartir todos los detalles de las acusaciones de abuso que descubrimos con la IIO, pero la oficina se encuentra maniatada por las limitaciones de su mandato”, dijo Rhoad. “No se puede esperar que mujeres y niñas indígenas acudan a presentar sus denuncias cuando algunos de los delitos más atroces contra ellas han sido excluidos de la única institución existente que ofrece una vía significativa y segura para presentar quejas”.