“¿Quiere encontrar a su hija? Señora, pues dedíquese a buscarla”

Leticia Mora explica sin alterarse que una vez, buscando a su hija desaparecida, el policía que la debía ayudar a encontrarla le comentó que la veía muy sola, y que tal vez fuese bueno para ella tomarse unas copas con él, “y soltar todo lo que llevaba dentro”. Lo cuenta asépticamente, con el mayor decoro posible, pero lo que ella quiere decir es que un agente le sugirió que se acostase con él a cambio de seguir acompañándola a rastrear el paradero de Ivonne, de 22 años, que ya hace diez meses que salió de casa a comprar condimentos para hacer la cena.

–¿Y no denunció al policía?

–No –responde–, porque yo lo único que quiero es me ayuden a encontrar a mi hija.

La señora Mora era una madre mexicana común y corriente. Ahora es una madre policía. Los primeros días de la desaparición de su hija iba al Ministerio Público de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, a preguntar a los funcionarios si sabían algo nuevo, pero al cabo de dos semanas se dio cuenta de que ni sabían nada ni lo iban a saber, porque nadie estaba investigando. Entonces quiso hablar con el Procurador (o Fiscal) del Estado, Alfredo Castillo. “Obviamente”, dice, “su secretaria me dijo que el señor Castillo no estaba”. Y Leticia Mora se fue a tocar a la puerta de Enrique Peña Nieto, en ese momento gobernador del Estado de México, y hoy principal favorito a ganar las elecciones presidenciales del 1 de julio como candidato del histórico Partido Revolucionario Institucional, el PRI.

–Pero su recepcionista me dijo que no estaba –recuerda Mora–, y que sería mejor que volviera a preguntar en el Ministerio Público.

A partir de ahí decidió investigar por su cuenta. Contrató a un detective privado. Él recababa información a cambio de un sueldo y ella la trasladaba al Ministerio Público –la institución que supuestamente debía realizar las pesquisas a cambio de nada–. Finalmente consiguió acceder al Procurador Castillo por mediación de una diputada del Distrito Federal (la capital de la República, entidad limítrofe con el Estado de México). “Me dijo que iba a ordenar que se diese un tratamiento especial al caso de mi hija”, cuenta Leticia Mora. Durante una semana contó con la colaboración de dos agentes: uno, el que le planteó hacer un trueque de pesquisas por sexo, y otro que, según dice, le propuso que vendiese su camioneta para pagarle las horas en que la acompañaba a buscar a Ivonne.

Leticia Mora desgrana su vía crucis un domingo de marzo por la mañana junto a una docena de madres que se han juntado en un parque de Tlalnepantla, un municipio del Estado de México, para dar testimonio a un periódico extranjero del abandono al que consideran que las somete su propia Administración frente a la violencia feminicida.

Las ONG están preocupadas por lo que ocurre en este Estado de quince millones de habitantes. La desaparición de mujeres, sobre todo niñas, adolescentes y veinteañeras, se multiplica: en 2010 había 107 desaparecidas, y en 2011, más del triple, 330, según datos de la Procuraduría (o fiscalía) General de Justicia del Estado de México. Entre 2006 y 2011 murieron asesinadas 1.003 mujeres, de acuerdo con el Observatorio Nacional del Feminicidio, una organización cívica, y 522 de esos crímenes siguen impunes. La coordinadora del Observatorio, María Luz Estrada, añade un matiz cualitativo a esos números: “En los últimos tiempos estamos descubriendo en este Estado patrones de violación y tortura similares a los de Ciudad Juárez”. Otra activista, Teresa Ulloa, directora de la ONG Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas, considera que el Estado de México no hace ni por asomo lo que debiera para contener el problema. Es, dice, una Administración “corrupta” que “ignora” a las víctimas.

También en el parque de Tlalnepantla, Claudia Rojas, madre de una chiquilla llamada Daniela, desaparecida hace seis años, describe un episodio burocrático sucedido en una oficina de la Procuraduría del Estado de México. En una ocasión se acercó a preguntar si sabían algo más de su niña, y un funcionario sacó el expediente y la invitó a ver “todo lo que habían conseguido”. La señora Rojas ojeó el fajo de papeles. Era la información que les había proporcionado ella misma a partir de sus averiguaciones particulares. Ni un dato más.

Que en el Estado de México desaparecen mujeres sin que las autoridades hagan demasiado por recuperarlas, era hasta ahora una queja que se oía de refilón a alguna activista, un fenómeno al que apuntaba sin mucho eco algún medio de comunicación. Pero hace una semanas un caso sin pies ni cabeza saltó a los titulares y desnudó al gobierno mexiquense, consolidando el debate y la inquietud por las muertas del Estado de México.

El caso comenzó con el anuncio de la captura, y posterior fuga rocambolesca, de un asesino en serie de mujeres conocido como El Coqueto, un conductor de autobús que entre 2010 y 2011 violó y mató a siete chicas que fue cazando en la línea que cubría del Estado de México a la capital, el Distrito Federal.

Una de ellas se llamaba Eva Cecilia, tenía 16 años y era hija de Amparo Vargas, una de las madres reunidas en el parque. Hace apenas tres meses que la señora Vargas supo qué había sido de su hija al ponerse a repasar por su cuenta el fichero de una oficina de homicidios. Leyendo la descripción inequívoca del cadáver, terminó su desesperada búsqueda de “31 días”, en los que según dice no tuvo más apoyo oficial que la compañía esporádica de unos policías a los que tenía que comprarles tacos para comer y pagarles la gasolina del coche. Vargas conserva una rabia cerrada contra el Estado de México, y no tanto por la mezquindad de aquellos agentes como por la supuesta negligencia que permitió que El Coqueto asesinase a siete chicas sin freno. Según su versión, coincidente con la de las ONG consultadas para este artículo, poco antes de que el conductor llevase a cabo su serie de asesinatos, una chica a la que había violado –pero que logró escapar– denunció lo que le había pasado y las autoridades no se interesaron por el caso.

Una vez capturado, el caso de El Coqueto volvió a supurar cuando el criminal se escapó de la oficina donde lo custodiaban tres agentes, soltándose de las esposas que lo fijaban a una mesa y lanzándose desde un tercer piso, según el difuso relato oficial de los hechos­. Al cabo de unos días lo volvieron a apresar. El Procurador del Estado de México, Alfredo Castillo, pidió en los medios que se comprendiese que tres agentes incompetentes no representaban “a una institución de 5.300 hombres”, y sentenció que el Estado de México “ha hecho más que cualquier otra entidad federativa en la lucha contra el feminicidio”.

La señora Vargas recuerda momentos que no casan con el diagnóstico de Castillo, como cuando un funcionario, según relata, le puso la situación negro sobre blanco: “¿Quiere encontrar a su hija? Pues le voy a hablar con la verdad, señora. Dedíquese a buscarla, porque nosotros no tenemos medios para hacer nada”.